La bomba de tiempo en las complejas relaciones entre La Moneda y el Poder Judicial

Ministro del Interior se refiere a los incidentes de la ultima marcha de estudiantes

Después del fallo de la Corte Suprema, uno de los principales actores del “caso bombas” guardó silencio. Aunque el clima es tenso, aún no se reeditan las declaraciones cruzadas y sólo sería cuestión de tiempo. Todo esto, ad portas de la reunión para afinar el anuncio sobre reforma a la Reforma Procesal Penal, en la que también participará Rodrigo Hinzpeter, uno de los ministros —coinciden en Palacio— que no podría eludir uno de los casos más polémicos de los últimos años. Sobre todo, porque fue protagonista.

La falsa calma antes de la tormenta es el estado real para describir la frágil pax romana que han logrado mantener en las últimas semanas La Moneda y el Poder Judicial. La suerte de cumbre que hoy se realizará en Palacio para impulsar cambios de fondo a la Reforma Procesal Penal es parte de la respuesta que la administración de Sebastián Piñera encontró luego que la Corte Suprema diera un portazo definitivo al Ministerio del Interior en el “caso bombas”, rechazando el recurso de nulidad que buscaba revertir la sentencia que absolvió a los seis imputados originales.

La sala penal de la Corte Suprema –integrada por Milton Juica, Hugo Dolmetsch, Carlos Kunsemüller, Haroldo Brito y Juan Escobar en calidad de suplente– dio a conocer ayer puntualmente a las 13:00 horas su fallo. Juica, en calidad de presidente, precisó que la decisión “no pasó por la calificación del delito, sino que eran presunciones (…) no es que los hechos no existieron, eso nadie lo puede negar, sin embargo, los antecedentes no eran suficientes”.

Hace semanas se sabía que la Corte Suprema daría a conocer el 10 de octubre su fallo sobre el “caso bombas”. Coincidencia o no, lo cierto es que desde el lunes La Moneda tenía agendado realizar –justo 24 horas después de esta sentencia– una reunión encabezada por el Presidente Piñera para afinar el anuncio que el mismo hizo –fuera de libreto– la semana pasada sobre “reforma a la Reforma Procesal Penal” . A la cita, están convocados el ministro Ribera, la subsecretaria de Justicia, Patricia Pérez, más el comité político de Palacio, integrado por los ministros de Interior, Rodrigo Hinzpeter, de la Segegob, Andrés Chadwick y de la Presidencia, Cristián Larroulet.

Fue el ministro Chadwick quien marcó el tenor de lo que se busca con esta cumbre y que es claramente una respuesta al resultado del “caso bombas”. “Estamos abocados a garantizar en todo lo que sea posible la protección a las víctimas y no protección a los delincuentes, lo digo a raíz del caso Bombas”, afirmó ayer en el Congreso.

Aspectos claves que el gobierno persigue son la modificación de la atribución exclusiva de los jueces de garantía para determinar la validez de una prueba; establecer mayores exigencias a las libertades provisionales y aumentar las atribuciones policiales en las detenciones. Tres ítems que fueron determinantes para que el Tercer Tribunal Oral de Santiago en junio y ayer la Corte Suprema, desestimaran los argumentos del Ministerio del Interior y el Ministerio Publico en el “caso bombas”.

El primer punto es uno de los más claves para La Moneda. “Un aspecto que pretendemos modificar es la facultad única y exclusiva y no revisable del juez de garantía de excluir pruebas, que un juez que tenga una atribución tan amplia que no es revisada por un tribunal superior, no es algo que nos pueda garantizar un debido proceso”, añadió el ministro Chadwick.

En La Moneda saben que la lucha contra la delincuencia ha sido una de las facturas que la opinión pública les cobra en las encuestas, pero también reconocen que un discurso en la línea de defensa de las víctimas de la delincuencia les permite salir del paso bastante bien y tener respuesta ante las promesas de campaña inconclusas de terminar con la “puerta giratoria” y aplicar “mano dura”.

Hasta ahora, la Corte Suprema no se ha pronunciado, más allá de las declaraciones de buena crianza sobre “la reforma a la Reforma”, pero eso no implica que no estén atentos al tema y los pasos que dará el gobierno. En el Poder Judicial saben que de trasfondo está el cuestionamiento del gobierno a lo que considera un excesivo garantismo de parte de los magistrados y el creer que hay una “mayoría de izquierda” entre los jueces, doctrina que para La Moneda se hace sentir en los fallos.

SILENCIO TOTAL

A diferencia de las inmediatas, duras y públicas reacciones que se registraron en junio cuando se dio a conocer la sentencia original del “caso bombas”, ayer imperó el silencio en el Ejecutivo, especialmente desde el Ministerio del Interior, a pesar que fue uno de los protagonistas en todo el proceso y parte querellante. Ni el ministro Hinzpeter ni el subsecretario Rodrigo Ubilla opinaron del tema.

La cartera de Interior atraviesa por un par de complejas semanas, con los cuestionamientos por el proceso de licitaciones de equipos tecnológicos destinados al Plan Antidrogas Frontera Norte, dirigido bajo esa repartición, en los que se habría licitado y acordado pagar un sobreprecio del 400 %.

Hinzpeter optó por hablar públicamente un par de horas antes del fallo del “caso bombas”, pero sólo para respaldar públicamente a Ubilla: “El subsecretario es un funcionario particularmente minucioso y acucioso en su trabajo”.

En La Moneda dejaron ver que el silencio de Interior ayer fue intencional, para evitar mezclar temas y que se acuse que se trataba de “levantar una cortina de humo” del caso sobreprecios. Sin embargo, hay conciencia que sobre todo Hinzpeter no puede eludir pronunciarse sobre el tema, considerado el papel protagónico que tuvo en el polémico caso.

Mas Info: ElMostrador.cl

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