OPINIÓN: Crisis y deuda hídrica en Chile

agua

El pasado 18, 19 y 20 de septiembre se desarrolló en la ciudad de Cuenca, Ecuador, el III Encuentro Latinoamericano de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento Rural.  En él, una delegación de dirigentes de los sistemas de agua potable rural  de Chile (APR), integrantes de la Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU), acompañados por el Programa Chile Sustentable, conocieron de primera fuente la necesidad que existe en materia de promoción de la asociatividad y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias de acceso al agua y al saneamiento.

Ante sus pares del Cono Sur,  la delegación chilena dio a conocer la realidad nacional, denunciando la permanente carencia de un marco jurídico que regule el sector del Agua Potable Rural en el país, que cuenta con más de 1.600 asociaciones y cooperativas que, con aporte público y gestión comunitaria, que abastecen a más de 1,7 millones de personas. Asimismo  expresaron la necesidad de nacionalizar el agua como bien nacional de uso público, dado que actualmente el Estado no tiene atribuciones para intervenir en la mejor gestión social y ambiental de este bien estratégico para la sociedad y el desarrollo nacional.

De igual modo, los dirigentes de FENAPRU aprovecharon la ocasión para hacer  presente su preocupación por carecer de protección legal que resguarde el territorio de sus operaciones  de servicios de agua potable en el ámbito rural, lo que concita una amenaza permanente ante el eventual ingreso de la industria privada, principalmente transnacional que hoy domina la propiedad y gestión de los servicios de agua potable y saneamiento en el país.

Hay que recalcar que la realidad chilena dista mucho del resto de los países de la región latinoamericana, pues en nuestro país el agua y la gestión sanitaria están en manos privadas -salvo la excepción del sector APR, junto con un pequeño numero de empresas sanitarias municipales como en el caso de la ciudad de Maipú , en la Región Metropolitana- las que hoy se encuentran bajo una fuerte presión para ser “asimilados” por la industria privada pues, el gobierno ha señalado que la gestión privada de los servicios de agua potable “es más eficiente”.

La Asamblea de Servicios Comunitarios y públicos de agua potable mostró clara y mayoritariamente que la región latinoamericana  no ha optado por esa vía y que los servicios públicos funcionan bastante bien y en todos los casos ofrecen este servicio básico y fundamental a menor costo para los usuarios.  En esos países además, existe más participación social y democracia en las decisiones y en la gestión del agua, una mayor integración y vigilancia ciudadana del quehacer del Estado y del sector privado; y mayor coherencia de la gestión hídrica con la problemática del cambio climático y la desertificación. Tópicos que, en nuestro país, se restringen a los sectores académicos y de ONG.

Actualmente existe una gran crisis hídrica en Chile -agravada por tres años consecutivos de sequía- sobre la cual las organizaciones ciudadanas y ambientales hemos alertado por años.

La falta de atribuciones del Estado para gestionar el agua, tiene su origen en el Código de Aguas de 1981 y la Constitución del 80 que establecieron un  sistema de gestión mercantilista; en la cual el agua se separó de la propiedad de la tierra y donde, a pesar de habérsele concedido a los privados en forma gratuita y a perpetuidad por parte del Estado; dichos poseedores privados pueden vender, arrendar, traspasar o rematar los derechos de agua, como si se tratara de bienes muebles: autos, casas o  títulos financieros(acciones).

Hoy, a pesar de pregonarse las bondades del modelo, hasta los sectores más conservadores reconocen que el tema hídrico es un problema para la inversión y el abastecimiento. Recientemente el presidente de la empresa de alimentos Carozzi, Gonzalo Bofill, se refirió a la sequía que vive el país y a la amenaza que representa la minería para la agricultura nacional, alegando sin tapujos que se está amenazando a la agricultura, y calificó a ley minera como discriminatoria con respecto a los demás sectores productivos, por lo cual debiera ser reformada.

Pero las respuestas del Ejecutivo ante la crisis del agua han sido pobres e insuficientes; y su orientación tiende a perpetuar los vicios de las industrias extractivas, especialmente de la minería. Entre estas destaca una estrategia de recursos,  esbozada en la última cumbre de sustentabilidad hídrica, en la cual la Subsecretaria de Obras Publicas (entidad a cargo de la redacción de la Ley de APR)  propone buscar nuevas fuentes de agua, (ignorando la situación estructural de escasez en la mayor parte del país) en vez de avanzar en la gestión eficiente y sustentable del recurso del agua, generar más conciencia en la ciudadanía y fortalecer el rol del Estado para estructurar una propuesta participativa e integral a la crisis.

La deuda hídrica de Chile es colosal y quizás no exista un ejemplo más patente -y cruel- que lo que hoy vive la localidad de Caimanes en la IV región de Coquimbo, a causa de la minera Los Pelambres, propiedad del grupo empresarial Luksic (el más poderoso de Chile, según el último ranking Forbes). Esta empresa minera, tras años de batallas legales,  instaló el tranque de relaves más grande del continente a pocos metros de una pequeña localidad en la pequeña cuenca del Estero Pupio.  Hoy pocos años después: el agua de Caimanes no es apta para riego, consumo animal ni humano.

La contaminación de las aguas del Estero Pupío, acreditada por el Dr. Andrei Tchernitchin  del Colegio Medico de Chile y la  Profesora especialista Gabriela Muñoz fue dado a conocer el 7 de abril de 2012,  y avalado por un  Informe Pericial  de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía de Investigaciones en agosto pasado; y entregado a la Fiscalía de Los Vilos. Según los datos entregados por la Unidad de Medio Ambiente de la policía civil, se registra en el agua presencia de metales pesados como cadmio, hierro, manganeso, cromo y plomo en cantidades que hacen recomendable evitar el consumo y el regadío. Pero, a pesar de las evidencias científicas, la autoridad regional, y en particular el Gobernador, se han negado sistemáticamente a investigar el daño ambiental  y la emergencia sanitaria. Tampoco ha entregado los informes que se le han solicitado, en virtud de la Ley de Transparencia y Probidad de la Gestión Publica; y en un acto temerario, ha ordenando al APR respectivo reiniciar el suministro de agua a la población de Caimanes. Así, la autoridad ha condenado a sus habitantes a continuar bebiendo agua con metales pesados, sin alternativa de recibir  agua limpia desde fuentes no contaminadas, consumando así una grave violación a los derechos humanos.

Ante esta  situación, los pobladores de Caimanes  han cortado las rutas de acceso al tranque El Mauro de la minera Pelambres y, adicionalmente,  han presentado el caso que los afecta en sus derechos esenciales a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, desde donde se espera exista un pronunciamiento y un exhorto a las autoridades chilenas a responder por esta situación. La Fundación Danielle Miterrand y France Libertes han apoyado esta gestión internacional.

Hasta hoy, las autoridades gubernamentales locales y nacionales  han guardado un silencio cómplice al respecto. Pareciera que ignoran que el derecho humano al agua y al saneamiento ha sido declarado como un derecho esencial por la Asamblea General de Naciones Unidas (incluso con el voto positivo del actual gobierno), y por tanto es deber del Estado respetar, resguardar e  implementar. Pero las autoridades insisten en tapar el sol con un dedo, y mantener en la impunidad la violación del derecho al agua y a la vida, este último consagrado constitucionalmente; con lo cual incurre en grave abandono de funciones.

Pero Chile está cambiando y pronto llegara el día en que los ciudadanos y la historia pasarán la cuenta a quienes abandonaron su rol de resguardo del bien público, para servir a la avaricia de unos pocos.

Autor: Sara Larraín. / Vía: ElPost.cl

 

 

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